El Administrador de Fincas desempeña un papel fundamental en el correcto funcionamiento de las comunidades de propietarios, siendo un profesional especializado en diversos campos. Entre las áreas en las que debe poseer amplios conocimientos para realizar sus funciones de manera adecuada, se encuentran el Derecho Civil y las normativas que afectan a las comunidades de vecinos. A continuación, se presentan las cinco principales normativas que un Administrador de Fincas debe dominar:
Ley de Propiedad Horizontal:
La Ley de Propiedad Horizontal, establecida en la Ley 49/1960, de 21 de julio, es esencial para el trabajo diario del Administrador de Fincas. Esta ley regula todos los aspectos relacionados con las propiedades establecidas como propiedad horizontal en el artículo 396 del Código Civil. Incluye desde el nombramiento de los cargos de la comunidad y la organización de juntas, hasta la escritura de división horizontal, pasando por las mayorías necesarias para la toma de decisiones, la modificación de elementos comunes, las obligaciones de los propietarios y las funciones del administrador.
Ley de Arrendamientos Urbanos:
Otra normativa relevante es la Ley 29/1994, del 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Esta ley es crucial para que el administrador comprenda los términos legales que rigen los contratos de alquiler. En esta normativa se regulan los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de arrendamiento, los términos de resolución y extinción del mismo, la prórroga y duración, la actualización de la renta y las condiciones de arrendamiento.
Reglamento Hipotecario:
Decreto de 14 de febrero de 1947 contiene toda la normativa relacionada con la hipoteca. Si bien esta ley es secundaria en comparación con la de arrendamientos urbanos, el Administrador de Fincas también debe tener un buen dominio de ella para desempeñar correctamente sus funciones. En este reglamento se detallan los procedimientos de registro de la propiedad, se regula la extensión y ejercicio de la acción hipotecaria, se aborda la cesión o posposición de la obligación, los plazos, los posibles embargos y el derecho hereditario.
Ley General de Telecomunicaciones:
El administrador de fincas también tiene la responsabilidad de gestionar los sistemas de telecomunicaciones de la comunidad y las tareas relacionadas con ellos. Por lo tanto, es imprescindible que comprenda la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Esta normativa se volvió especialmente relevante para los administradores de fincas después de su última actualización en 2014, cuando se permitió la expropiación forzosa de azoteas para la instalación de antenas de telecomunicaciones. Por esta razón, deben estar al tanto de las condiciones para la prestación de servicios, las obligaciones específicas de los operadores, la ocupación del dominio público y privado, los derechos de los usuarios, el cifrado de las redes y la protección de datos personales.
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):
El Administrador de Fincas desempeña un papel crucial al asesorar al presidente de la comunidad en temas relacionados con la protección de datos, y también tiene la autoridad para utilizar la información de los propietarios en la gestión diaria de la comunidad. Por lo tanto, el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 a nivel europeo, es una regulación indispensable en el desempeño de las tareas cotidianas del Administrador. Este reglamento se centra en la legislación sobre datos sensibles, protección y brechas de seguridad, transparencia, portabilidad de datos, sanciones, denuncias e indemnizaciones. Una solución para cumplir con esta nueva normativa es utilizar RGPD 365 de IESA, una herramienta diseñada específicamente para Administradores de Fincas que ofrece servicio los 365 días del año. Esta herramienta facilita el compartir la documentación con la Junta de Gobierno de la comunidad de propietarios, la comunicación de brechas de seguridad a la Agencia de Protección de Datos, la automatización de la extensión de los contratos de cumplimiento del reglamento a los proveedores y proporciona asesoramiento permanente.
