¿Cuáles son las principales normativas que debe conocer el Administrador de Fincas?
El Administrador de Fincas es una figura profesional especializada en campos muy dispares. Éste juega un rol de vital importancia para conseguir un funcionamiento adecuado de las comunidades de propietarios. Uno de los campos en los que deben tener amplios conocimientos para poder desarrollar adecuadamente sus funciones es el Derecho Civil y las diferentes normativas que afectan a las comunidades de vecinos. Este es el Top5:
- Ley de propiedad horizontal
La Ley de propiedad horizontal es el decálogo del Administrador de Fincas, ley que por obligatoriedad deben manejar y conocer a la perfección para desarrollar el día a día de su trabajo. Ley 49/1960, de 21 de julio, en ella se encuentra toda la regulación de las propiedades establecidas en el artículo 396 del Código Civil como propiedad horizontal. Encontramos desde el nombramiento de los cargos de la comunidad y la organización de juntas hasta la escritura de división horizontal, pasando por las mayorías necesarias para la toma de decisiones, modificación de elementos comunes, obligaciones de los propietarios e, incluso, las propias funciones del administrador.
- Ley de Arrendamientos urbanos
Otra normativa a tener en cuenta es la Ley 29/1994, del 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Ésta tiene una gran importancia para el administrador a la hora de conocer los términos legales bajo los que se establecen los regímenes de alquiler. En esta normativa quedan regulados los derechos y obligaciones de las partes cuando se establece un contrato, los temimos de resolución y extinción del mismo, la prorroga y duración, la actualización de la renta y las condiciones de arrendamiento.
- Reglamento hipotecario
Toda la regulación hipotecaria se encuentra en el Decreto de 14 de febrero de 1947. Para el Administrador de Fincas esta es una ley completamente secundaria respecto a la de arrendamientos urbanos, pero también necesita tener un buen dominio de ella para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. En él se detallan los procedimientos de registro de la propiedad, se regula la extensión y ejercicio de la acción hipotecaria, cesión o posposición de la obligación, plazos, posibles embargos y derecho hereditario.
- Ley General de Telecomunicaciones
La gestión de los sistemas de telecomunicaciones de la comunidad y las tareas que derivan de ellos también son responsabilidad del administrador de fincas, por ello no puede escapar a su competencia comprender la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Esta normativa empezó a ser especialmente necesaria para los Administradores de Fincas desde su última actualización en el año 2014, cuando se permitió la expropiación forzosa de las azoteas de los edificios si los servicios de telecomunicación requieran instalar antenas en este espacio. Por este motivo deben estar al día de las condiciones para la prestación de servicios, obligaciones específicas de los operadores, ocupación del dominio público y privado, derecho de los usuarios, cifrado de las redes o protección de datos de carácter personal.
- Reglamento General de Protección de datos
El Administrador de Fincas es el encargado de asesorar en lo relativo a la protección de datos al presidente de la comunidad, además, están legitimados para utilizar la información de los propietarios cuando realizan la gestión ordinaria de la comunidad. Por lo tanto, la Regulación General de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 a nivel europeo, es un reglamento indispensable en el desarrollo las tareas cotidianas del Administrador. Destaca por legislar sobre datos sensibles, protección y brechas de seguridad, transparencia, portabilidad de los datos, sanciones, denuncias e indemnizaciones.
Una solución para cumplir con la nueva normativa es RGPD 365 de IESA, la única especialmente creada para los AAFF con servicio los 365 días al año. Esta herramienta permite compartir la documentación con la Junta de Gobierno de la comunidad de propietarios, comunicar brechas de seguridad a la Agencia de Protección de Datos, extender los contratos de cumplimiento del reglamento a los proveedores de manera automática y tener asesoramiento permanente.
